SANTIAGO, RD.- En atención a la solicitud del Ministerio Público, una jueza impuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a dos hombres imputados de traficar migrantes irregulares, incluyendo a una mujer que falleció producto de las quemaduras que recibió al estrellarse el vehículo en el que el grupo eran transportado.
Los imputados Pedro Luciano Cruz Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, oriundos de Dajabón, conducían la yipeta marca Ford, modelo Explorer, color gris, en el que traficaban con 15 personas de nacionalidad haitiana y que estrellaron contra una pared en su intento por escapar de miembros del Ejército. Los extranjeros sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.
Los hechos tuvieron lugar en marzo de este año en la calle Principal del sector Capilla en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), desde donde huyeron los traficantes luego de desoír el llamado de los miembros del Ejército que vigilan la zona.
Al estrellarse el vehículo, los traficantes huyeron dejando abandonados a los 15 indocumentados, 7 de los cuales sufrieron graves lesiones por quemaduras producidas cuando una de las mangueras de conducción del gas licuado de petróleo (GLP) que sirve de combustible al vehículo, se desprendió con el impacto.
Los miembros del Ejército llamaron de inmediato al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que envió sus ambulancias para prestar atención médica a las personas heridas.
A principios del mes de abril la víctima de tráfico Judithe Nicolas, de 31 años de edad, falleció como consecuencia de las quemaduras de tercer grado que sufrió en distintas partes del cuerpo y que afectaron sus órganos vitales.
Los indocumentados que no sufrieron lesiones fueron remitidos a la Dirección General de Migración (DGM), para los fines de deportación a su país de origen.
El fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, Juan Osvaldo García, cursando minuciosamente la ruta del vehículo utilizado, hurgó en las referencias de registro, y traspasos del vehículo, y logró establecer la identidad de quienes lo rentaron y utilizaron para la comisión del delito.
La Fiscalía, representada en audiencia por el fiscal litigante Elvin Ventura, pudo constatar y mostró evidencias de que los imputados poseen antecedentes en tanto que se desempeñan en estas labores delictivas en su provincia natal, Dajabón.
La medida impuesta por el tribunal, presidido por la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, consiste en el pago de una garantía económica de $500 mil pesos, por medio de una compañía aseguradora, el impedimento a salir del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.
La Fiscalía de Santiago reiteró su firme decisión de perseguir el tráfico ilícito de personas como un delito que lacera sensiblemente los derechos humanos, y que, además, atenta contra la soberanía nacional.
El Ministerio Público presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1, Letra F, G y H; artículos 2 y 7, párrafo A, C, D y G, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
