Por Paola Belliard
El Estado de derecho es un principio fundamental que asegura que todos los individuos, instituciones y entes gubernamentales están sujetos a la ley.
En este contexto, el control de constitucionalidad y de convencionalidad son pilares que se erigen como herramientas clave para garantizar la protección de los derechos humanos y la correcta aplicación de las normas.
En un mundo en constante cambio, donde los desafíos a la justicia y la equidad son cada vez más complejos, es esencial comprender la importancia de estos mecanismos en la evolución del Estado de derecho.
El control de constitucionalidad refiere al proceso mediante el cual se verifica si las leyes y actos del Estado se ajustan a lo establecido en la Constitución. En muchos países este control es ejercido por tribunales constitucionales o jueces, quienes tienen la responsabilidad de anular disposiciones que contravengan la norma suprema.
Este mecanismo no solo protege los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino que también promueve una interpretación dinámica y evolutiva de los textos constitucionales, adaptándolos a las realidades sociales contemporáneas. La labor de los órganos encargados de este control es crucial, ya que actúan como guardianes de la democracia y la justicia.
Su importancia radica en la protección de los derechos fundamentales y en la prevención de abusos de poder por parte del Estado.
Por otro lado, el control de convencionalidad se refiere a la obligación de los Estados de ajustarse a los estándares que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos. En América Latina, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental en la interpretación y aplicación de estos estándares, obligando a los Estados a alinearse con principios universales de justicia y equidad. Este control es esencial para que las normativas internas no solo se ajusten a la Constitución, sino que también sean coherentes con los compromisos internacionales adquiridos.
En la República Dominicana, por ejemplo, la magistrada María Garabito Ramírez ha destacado cómo estos controles han sido esenciales para la evolución del Estado de derecho, con sentencias que han tenido un impacto significativo en la sociedad. Estas decisiones judiciales no solo protegen los derechos individuales, sino que también fortalecen la democracia y el estado de derecho.
La interrelación entre el control de constitucionalidad y de convencionalidad es vital en un contexto globalizado. Los derechos humanos son universales e inalienables, y su protección debe ser una prioridad para cualquier Estado que aspire a ser verdaderamente democrático. En este sentido, ambos tipos de control deben complementarse y fortalecerse mutuamente. La inconsistencia entre disposiciones internas y los estándares internacionales puede dar lugar a violaciones graves de derechos, situación que debilita la confianza pública en las instituciones y el sistema de justicia.
Sin embargo, a pesar de su importancia, tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad enfrentan retos significativos. En muchos países, persiste una resistencia a acatar las decisiones de los tribunales, especialmente aquellas que implican la revisión de actos del poder ejecutivo o legislativo. Asimismo, la falta de formación y recursos de los jueces puede limitar la efectividad de estas herramientas. La desconfianza en las instituciones, alimentada por la corrupción o el clientelismo, también representa un obstáculo para su adecuado funcionamiento.
En conclusión podemos señalar que el control de constitucionalidad y de convencionalidad son esenciales en la evolución del Estado de derecho. Estos mecanismos aseguran que se respeten los principios democráticos y los derechos humanos, cimentando así la confianza del ciudadano en sus instituciones. Para fortalecer el Estado de derecho, es imperativo que los países adopten una postura proactiva en la promoción y defensa de estos controles, garantizando su independencia y eficacia. Solo así se podrá avanzar hacia sociedades más justas y equitativas, donde la legalidad y la dignidad humana sean verdaderamente defendidas. Sobre: Paola Belliard. Licenciada en Comunicación Social (periodista), y abogada.
