SAN JUAN, PUERTO RICO.– Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos presentaron denuncias penales contra tres hombres de la República Dominicana luego de que fueron encontrados dentro de una embarcación improvisada “yola” interceptada por una Unidad Marina de la CBP en el Pasaje de la Mona tratando de llegar a Puerto Rico el domingo.
Jairon Trinidad-López, de 40 años, Elvin Agueda-Simon, de 36, y Jesús Bega-Fermín, de 40, comparecieron ayer ante el juez magistrado estadounidense Bruce McGiverin, enfrentando cargos bajo el título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1326, por intentar reingresar después de una deportación por una condena.
“Nuestra determinación es poder llevar ante la justicia a los traficantes de personas que colocan a los migrantes en una situación muy peligrosa al transportarlos en embarcaciones no aptas para navegar”, afirmó Desi DeLeon, agente jefe de patrulla del sector Ramey. “También estamos procesando bajo el título 8 a aquellos migrantes que han sido advertidos de las consecuencias de intentar ingresar ilegalmente o no solicitar autorización para ingresar al país”.
El 27 de agosto, un activo aéreo de la USCG detectó un barco de contrabando aproximadamente a 10 millas náuticas (NM) al noroeste (NW) de Rincón, Puerto Rico. Una unidad de Operaciones Aéreas y Marinas de CBP interceptó la embarcación y encontró a 34 no ciudadanos a bordo.
La tripulación del escampavías “Donald Horsley” de la Guardia Costera embarcó a los 34 sujetos y realizó una revisión biométrica. Según los protocolos del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe (CBIG), se descubrió que cinco migrantes tenían antecedentes o se comportaban en violación de la ley estadounidense.
La Guardia Costera transportó a los sujetos al puerto de entrada de Mayagüez, donde agentes de la Patrulla Fronteriza los tomaron bajo custodia, los arrestaron y los transportaron a la estación Ramey para su posterior procesamiento.
La Guardia Coster repatrió a los 29 no ciudadanos restantes a la República Dominicana. Dos de los no ciudadanos traídos a la costa serán procesados bajo expulsión acelerada.
La fiscal federal adjunta especial, Helena Daniel, está a cargo del caso.
Si los acusados son declarados culpables, la pena máxima que se les puede imponer es una multa de hasta 250.000 dólares, una pena de prisión de hasta 20 años, o ambas.
Todos los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal de justicia demuestre su culpabilidad.
