Por José Alejandro Vargas
El primer desafío que está llamado a enfrentar aquel que recibe la delegación democrática de mandar es la percepción irreflexiva de los gobernados, que, sin detenerse en la necesaria comprensión de que en un Estado de derecho los poderes tienen límites, alimentan la creencia de que los gobernantes todo lo pueden. Es así como la pretensión de quedar bien con la universalidad de los gobernados, de ordinario, termina siendo el peor escollo para desarrollar un buen gobierno. Al final, quien con ese propósito preside termina siendo odiado por muchos y amado, en menor número, por otros.
Tal aseveración implícitamente encierra una realidad política amarga al paladar: gobernar no es complacer, sino decidir. Y decidir, en el ámbito público, supone inevitablemente afectar intereses, contrariar expectativas y asumir costos. Esas consecuencias en el ejercicio del poder suelen exacerbar el espíritu de los gobernantes y restar eficacia en el logro de los objetivos propuestos, pues, aunque se maximicen los esfuerzos, no es posible alcanzar la totalidad de los aplausos en un estadio donde la visión humana se caracteriza por la pluralidad.
Desde la óptica constitucional, además, el poder no se ejerce para satisfacer emociones momentáneas ni para administrar simpatías. La República Dominicana, definida en el artículo 7 de la Constitución como un Estado social y democrático de derecho, descansa sobre la idea de que toda autoridad está sometida a límites jurídicos, a la responsabilidad institucional y a la procura del interés general. De ahí que el buen gobierno no pueda medirse únicamente por el volumen de aplausos que recibe, sino por su fidelidad a la Constitución, a la ley y a los fines públicos que justifican la existencia misma del poder.
Por eso, el gobernante que se convierte en presa de las ovaciones corre el riesgo de extraviar el buen tino, en tanto se distancia de la búsqueda del bien común y se hace reo de los elogios. Ya no actúa conforme a la ley, la justicia y la conveniencia pública; empieza a calcular cada paso según el impacto inmediato en la opinión de los demás. En ese contexto, promete a unos lo que no puede cumplir; evita decir verdades incómodas; posterga decisiones necesarias; se torna indebidamente tolerante para no generar conflictos; y, en nombre de la armonía, permite el crecimiento de la frustración social.
Obviamente, todo buen gobierno debe poner el oído en el corazón de todos, pero esto no implica que todos deban ser obedecidos. La escucha es una virtud democrática; la complacencia absoluta, en cambio, es una renuncia al liderazgo. Un gobernante responsable debe atender razones, valorar consecuencias y tomar decisiones fundadas, aunque estas no sean populares. Hay momentos en que la autoridad debe decir no. No al privilegio, no a la voracidad del individualismo, no a la presión indebida, no importa de dónde provenga.
Esa obligación de decidir con fundamento encuentra también sustento en el principio de juridicidad que gobierna la actuación administrativa. El artículo 138 de la Constitución exige que la Administración Pública actúe con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, bajo los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. De manera que gobernar bien no consiste en ceder ante cada reclamo, sino en decidir con razones, motivación suficiente y apego al interés general.
La gran frustración que genera la utopía de querer quedar bien con todo el mundo es que, al final, nadie queda verdaderamente satisfecho. Los sectores favorecidos siempre querrán más; en tanto, aquellos que no han resultado complacidos sentirán que se les ha traicionado. En consecuencia, la ciudadanía, al valorar la gestión de gobierno, termina creyendo que ha triunfado la incoherencia, la debilidad o la falta de sinceridad. Con ese predicamento emerge la gran paradoja: la aprobación que se perseguía como finalidad desemboca en el desprecio, y el gobernante que quiso evitar enemigos termina multiplicándolos.
Esto no significa que gobernar deba ser un ejercicio de arrogancia o imposición. El buen gobernante no desprecia la crítica ni se encierra en su propia voluntad. Al contrario, debe ser humilde para escuchar, inteligente para corregir y prudente para reconocer límites. Pero una cosa es escuchar al pueblo y otra muy distinta es gobernar desde el miedo a incomodar. La política seria requiere sensibilidad, pero también firmeza; apertura, pero también convicción. Un gobernante puede equivocarse y aun así conservar el respeto si actúa con honestidad, transparencia y sentido de responsabilidad. No obstante, quien cambia de posición solo para agradar pierde credibilidad, y sin credibilidad ningún gobierno puede sostenerse moralmente.
Quizás parezca un tema de aristas complejas porque enfrenta la vanidad del “yo” con la objetividad del buen gobierno, pero es innegable que quien gobierna pendiente de la aprobación inmediata termina prisionero de todos. Por eso, pretender quedar bien con todo el mundo es una desgracia para gobernar bien. El poder público no existe para satisfacer vanidades ni para administrar simpatías. Existe para servir, ordenar, proteger derechos y procurar el bien común; por ello, intentar agradar a todos mientras se gobierna es exponerse a perder el respeto de todos.