Por Domingo Batista
El martes 11 de noviembre de 2025, República Dominicana vivió un apagón nacional que paralizó al país desde la 1:23 de la tarde hasta las 2:20 de la madrugada.
Diez años después del blackout de 2015, y con el fantasma de 2009 aún en la memoria colectiva, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) colapsó nuevamente, dejando a millones sin luz, sin transporte, sin dignidad. Pero esta vez no fue solo un fallo técnico.
Fue la consecuencia de una cadena de improvisaciones, incumplimientos legales y excusas que el Gobierno del PRM repite como un disco rayado.
El origen del corte, según el ministro Joel Santos, fue una falla en una subestación de San Pedro de Macorís.
Una explicación técnica, sí, pero insuficiente. Porque el verdadero problema no está en una subestación aislada, sino en un sistema eléctrico que opera al límite, sin planificación real y con una gestión que ignora las leyes que deberían proteger a los ciudadanos y al futuro energético del país.
Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), lo dijo claro: las distribuidoras no generan energía, la compran. Si no hay oferta, no hay servicio.
Pero esta verdad a medias oculta una realidad más cruda: no hay planificación y la única la oferta energética planificada que existe (Punta Catalina) agoniza con los carroñeros privados al asecho.
Rubén Bichara, exvicepresidente de la CDEEE, lo advirtió sin rodeos: la demanda crece entre un 8 % y un 10 % anual, y para 2038 se duplicará.
Sin embargo, no hay plantas nuevas en construcción inmediata, no hay continuidad en los proyectos, y las soluciones anunciadas como Energas o San Felipe I llegan tarde o a cuentagotas.
Y mientras el Gobierno promete, viola sus propias leyes. La Asociación Dominicana de Energías Renovables (ADER) denunció este jueves una práctica sistemática: limitar la inyección de energía solar y eólica al SENI, a pesar de que la Ley 57-07 y el Reglamento de la Ley General de Electricidad otorgan prioridad absoluta al despacho de fuentes renovables.
¿El resultado? Se quema más fuel oil y carbón, se encarece la factura eléctrica, se contamina más y se frena la transición energética que el país necesita. Todo, ilegalmente.
Esta no es una crisis técnica. Es una crisis de voluntad política y de respeto a la ley. El informe del Ministerio de Energía y Minas presume un aumento del 2.8 % en la generación entre enero y julio de 2025, pero ese dato no llega a los hogares de Arroyo Hondo, barrios de Santo Domingo, Los Peralejos o la Línea Noroeste, donde los apagones son rutina, las facturas son inventadas y las madres abanican a sus hijos con cartón a las 3 de la madrugada.
El Gobierno pide disculpas y ofrece transporte gratuito como compensación. Pero las disculpas no encienden bombillas, no operan quirófanos ni devuelven el sueño perdido. Lo que el país necesita no son gestos, sino cumplimiento de la ley, planificación seria y el fin de la improvisación crónica.
Diez años después del apagón del 2015, seguimos tropezando con la misma piedra, y que en vez de desmoronarse está a crecido en tamaño de improvisación, baja inversión, gestión deficiente y perdidas energéticas astronómicas.
Y mientras el Gabinete Eléctrico se reúne en sesiones de emergencia, los dominicanos seguimos a oscuras literal y figuradamente esperando que alguien, por fin, encienda la luz de la responsabilidad.