EL NUEVO HERALD
Amnistía Internacional acusó al gobierno de Estados Unidos de realizar ataques aéreos ilegales en el Caribe contra presuntas “narcolanchas”, según la organización, han causado la muerte de al menos 57 personas, y pidió al Congreso estadounidense intervenir para detener las operaciones.
Daphne Eviatar, directora de derechos humanos y seguridad de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que en los últimos dos meses el Comando Sur “ha perpetrado una ola de asesinatos” siguiendo “órdenes ilegales” del gobierno del presidente Donald Trump.
Indicó que Washington no ha revelado la identidad de las víctimas ni presentado pruebas sobre los presuntos delitos. “Incluso si lo hiciera, matar intencionalmente a personas acusadas de cometer delitos que no representan una amenaza inminente para la vida es asesinato”, añadió Eviatar.
Estados Unidos comenzó a enfrentar a embarcaciones presuntamente del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, argumentando que estaban trasladando drogas hacia ese país.
“Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán.
El Departamento los tratará exactamente como tratamos a Al Qaeda. Continuaremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”, dijo el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. Hegseth se refirió al tema al anunciar el domingo un ataque contra otra embarcación supuestamente de traficantes de drogas, en el que murieron tres personas a bordo de la lancha.
Operaciones ‘sin sustento legal’ Amnistía Internacional señaló que funcionarios estadounidenses han informado de 13 ataques aéreos —ocho en el Caribe y cinco en el Pacífico—, y enfatizó que el gobierno ha argumentado que los objetivos eran “narcoterroristas”, aunque no ha presentado evidencias que respalden esa afirmación.
Recordó que la interceptación de embarcaciones sospechosas de narcotráfico es una operación policial, no militar, y que el uso de la fuerza letal solo está permitido cuando existe una amenaza inminente a la vida.
“El Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de guerra donde el ejército estadounidense pueda bombardear barcos”, señaló Daniel Noroña, director de incidencia política para las Américas de Amnistía Internacional. A su juicio, desplegar fuerzas armadas con fines policiales “es una táctica que ha derivado históricamente en violaciones de derechos humanos en la región”.
La organización también rechazó los argumentos de la administración Trump, que ha justificado las operaciones afirmando que Estados Unidos “está en guerra con los cárteles de la droga”.
Esa interpretación es “errónea y peligrosa”, advirtió. Noroña sostuvo que Estados Unidos no participa en ningún conflicto armado en el Caribe ni en América Latina, y que nadie, ni siquiera los narcotraficantes, ha atacado a Estados Unidos de forma que justifique una respuesta militar.
Además, el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra los cárteles. Sin embargo, incluso si lo hiciera, estos ataques aéreos seguirían siendo ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos, afirmó.
“Aquí las leyes de la guerra simplemente no se aplican. El Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de guerra donde el ejército estadounidense pueda bombardear barcos que, según la Casa Blanca, transportan enemigos”, expresó.
Congreso debe detener los ataques La organización solicitó al Congreso de Estados Unidos detener los ataques y abrir investigaciones independientes sobre los responsables, incluidos los altos funcionarios que autorizaron las operaciones.
Señaló que el presidente Trump “se atribuyó públicamente la responsabilidad de las acciones y defendió su legalidad”. Los legisladores deben emprender investigaciones exhaustivas e independientes, llegando hasta las más altas instancias del gobierno estadounidense, para determinar las responsabilidades, indicó.
“El Congreso, la ciudadanía estadounidense y la comunidad internacional deberían alzar la voz para poner fin a estos ataques aéreos deshumanizantes y cínicos, y exigir que se rindan cuentas. La vida humana no puede quedar a merced del capricho de un gobernante.
Ningún presidente tiene derecho a matar arbitrariamente y sin rendir cuentas”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.