Por Licurgo Yunes Pérez
Quiero felicitar sinceramente a todos los actores e instituciones que hicieron posible este gran avance. Sé que han sido años de trabajo, debates, resistencias y perseverancia. Hoy, gracias a ese compromiso firme, tenemos un Código Penal que finalmente reconoce y enfrenta los delitos del mundo digital con la seriedad que amerita.
Este logro no solo es legislativo, sino también ético y social: fortalece el Estado de derecho, protege a los más vulnerables y adapta nuestra justicia a los tiempos que hoy vivimos. Mi respeto y admiración para todos los que formaron parte de este proceso.
Ahora bien, para garantizar que estas disposiciones se apliquen con efectividad y no se queden solo en el papel, me permito sugerir tres líneas de acción complementarias que considero fundamentales:
Formación técnica de todo el personal judicial y fiscal:
Para asegurar que jueces, fiscales y defensores comprendan plenamente la naturaleza de los delitos informáticos y estén capacitados para aplicar estas normas con precisión y justicia.
Inversión en herramientas forenses y tecnológicas a nivel nacional.
Porque sin equipos, software especializados y unidades técnicas adecuadas, la persecución de estos delitos será limitada y vulnerable.
Campañas de educación ciudadana tempranas antes de su entrada en vigor sobre derechos y deberes digitales:
La prevención es clave.
Una ciudadanía informada puede protegerse mejor, denunciar a tiempo y contribuir activamente al fortalecimiento del sistema.