El Desafío de un Ministerio Público Independiente con Liderazgo Indefinido en la República Dominicana
Por el Maestro Joaquincito Bocio
Un Ministerio Público (MP) que actúe como órgano de persecución del delito de forma independiente es, en principio, un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.
Sin embargo, la situación que se observa en los
actuales momentos, uno se pregunta si la cabeza del Ministerio Público en la República Dominicana tiene clara su adscripción a un poder del Estado? Puedo asegurar que no sabe (ni al judicial, ni al ejecutivo, ni al legislativo), entonces como sociedad tenemos serios peligros nacionales.
Aquí te detallo algunos de los riesgos más significativos:
1. Debilitamiento de la Seguridad Jurídica
Si el liderazgo del Ministerio Público no tiene una comprensión clara de su posición dentro de la estructura estatal, se genera incertidumbre jurídica. Esto puede llevar a decisiones arbitrarias, falta de coherencia en las políticas de persecución penal y una aplicación desigual de la ley. Los ciudadanos y las empresas necesitan saber cómo opera la justicia y a qué principios se adhiere el órgano encargado de perseguir el delito.
2. Riesgo de Abuso de Poder
La independencia del Ministerio Público es crucial, pero debe estar acompañada de mecanismos de rendición de cuentas claros. Si su máxima autoridad no se siente parte de ninguno de los poderes tradicionales, podría interpretarse como una ausencia de supervisión o contrapeso. Esto abre la puerta a:
* Persecución selectiva: Casos impulsados por intereses políticos o personales, en lugar de apegarse estrictamente a la ley.
* Impune inacción: Omisión en la persecución de delitos que afecten a ciertos grupos o individuos con poder.
* Búsqueda de protagonismo: Actuaciones mediáticas que prioricen la imagen pública sobre la efectividad y el debido proceso.
3. Falta de Coordinación Interinstitucional
El combate al crimen organizado, la corrupción y otros delitos complejos requiere una estrecha colaboración entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y, en ocasiones, el Poder Ejecutivo (para temas de seguridad ciudadana o políticas públicas). Si la cabeza del MP no tiene claro su rol y sus relaciones con los otros poderes, la coordinación será deficiente. Esto se traduce en:
* Obstaculización de investigaciones: Falta de intercambio de información o apoyo logístico.
* Ineficiencia en la judicialización: Dificultades para llevar los casos a los tribunales de manera efectiva.
* Fragmentación de la respuesta estatal: Cada institución actuando por su cuenta, debilitando el esfuerzo general contra el delito.
4. Crisis de Legitimidad y Confianza Ciudadana
La percepción pública es crucial para el funcionamiento de cualquier institución de justicia. Si existe confusión o ambigüedad sobre el rol y la pertenencia del Ministerio Público, la confianza de la ciudadanía se ve erosionada. La gente podría llegar a creer que el MP opera en un limbo legal, sin una verdadera sujeción a la Constitución y las leyes. Esto lleva a:
* Descreencia en la justicia: Los ciudadanos pueden dudar de la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
* Fomento de la impunidad: Si no hay confianza en que los delitos serán perseguidos y castigados, se puede desincentivar la denuncia y fomentar la delincuencia.
5. Dificultades Presupuestarias y Logísticas
Aunque se menciona el aspecto «logístico», es importante profundizar. La asignación de recursos, la infraestructura, la capacitación y el personal dependen en gran medida de la adscripción del Ministerio Público a una estructura estatal definida. Si no está claro a qué poder pertenece o de dónde provienen sus recursos logísticos, se pueden generar graves deficiencias operativas:
* Presupuestos insuficientes o inestables: Dificultad para planificar a largo plazo y asegurar los recursos necesarios.
* Carencias de infraestructura y tecnología: Afectando la eficiencia de las investigaciones y la gestión de casos.
* Falta de personal o personal no capacitado: Comprometiendo la calidad de la persecución penal.
¿Cuál es la Solución?
La solución a este problema pasa por una definición clara y constitucional de la ubicación del Ministerio Público dentro de la estructura estatal dominicana. Si bien la independencia funcional es deseable, esta no puede confundirse con una autonomía absoluta o una indefinición institucional. Es fundamental que:
* Se clarifique su relación con los otros poderes del Estado, estableciendo mecanismos de colaboración y contrapesos.
* Se definan de forma precisa sus competencias y límites.
* Se establezcan mecanismos robustos de rendición de cuentas que garanticen su transparencia y apego a la legalidad, sin menoscabar su independencia en la toma de decisiones sobre la persecución penal.
Una discusión honesta y un acuerdo nacional sobre este tema son vitales para fortalecer el sistema de justicia dominicano y asegurar que el Ministerio Público cumpla eficazmente con su rol en beneficio de la seguridad y el desarrollo del país.
Es importante y por ello, en este humilde escrito hago un llamado a una reflexión urgente en este sentido, para que las autoridades de turnos se aboquen de inmediato a establecer y crear a la vez el sistema de gobierno al cual Ministerio Público obedezca, ya que en poco tiempo tenemos más que evidencia que el MP, no puede seguir sin que su cabeza sepa a quien obevedecer como entidad estatal. Maestro Joaquincito Bocio Familia, ademas master en desarrollos y altos estudios estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacional.